Mujeres

EDOMEX: Cerca de 3 mil mujeres privadas de su libertad no tienen sentencia

* No hay más que once jueces para atender a más de 18 mil casos.


* *Informa ASILEGAL una organización por los derechos humanos.

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 17 de abril de 2017.- La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) afirmó que casi el 70 por ciento de las mujeres en el Estado de México se encuentran en prisión preventiva, sin juicio ni proceso. Se trata del sector al que más se les viola su derecho de acceso a la justicia.
En el Estado de México un sólo juez de ejecución puede tener hasta 3 mil 899 casos. Hasta 2016 había once jueces para atender a alrededor de 18 mil 134 personas privadas de libertad con sentencia. Del total de las personas privadas de su libertar, 2 mil 709 son mujeres y de ellas casi el 70 por ciento no cuenta con una sentencia, es decir, se encuentra en prisión preventiva lo que representa un abuso de esta medida cautelar.
ASILEGAL sostiene que las mujeres en el Sistema Penitenciario del Estado de México, no son tratadas con perspectiva de género, los centros penitenciarios o de reinserción están pensados y construidos por hombres y para hombres. Las presas tienen grandes dificultades para desarrollar su vida ahí.
ASILEGAL informó que en el Estado de México, actualmente existen 25 mil 959 personas privadas de libertad, de las cuales 15 mil 388 cuentan con sentencia, lo que equivale al 59.2 por ciento. Más del 40 por ciento está en detención preventiva.
Informó esta organización que hizo una solicitud de acceso a la información pública donde pudo precisar que hasta agosto del 2016, el Estado de México contaba con tan sólo once jueces de ejecución de sentencias para atender a las más de 18 mil 134 personas privadas de libertad con sentencia, y que incluso en esa fecha, un solo juez podía ser responsable de entre 600 y 3 mil 899 casos.
Es importante mencionar que los datos anteriores no se refieren al total de las personas privadas de libertad que deberían estar sujetas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que de acuerdo a dicha ley, las y los jueces de ejecución, tienen a su cargo a todas las personas con sentencia condenatoria y a las personas que se encuentran en prisión preventiva, es por esto que la ley denomina a la etapa de ejecución como Ejecución Penal, es decir, que las y los jueces son de ejecución penal, no de sentencia, como son denominados en el Estado de México, ya que categorizarlos como jueces de ejecución de sentencias implica dejar fuera de su jurisdicción a las más de 10,571 personas en prisión preventiva, lo que constituye una clara discriminación por situación jurídica.
Así, tanto la carga de trabajo de los jueces de ejecución, como el limbo jurídico en el que se encuentran las personas en prisión preventiva en el Estado de México, están imposibilitando la correcta implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la entidad.
A lo anterior se suma la falta de infraestructura adecuada para que la Etapa de Ejecución Penal opere correctamente en el estado, lo cual vulnera gravemente los principios rectores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
ASILEGAL señala que de los dieciocho distritos judiciales del estado, tan sólo en once existen jueces de ejecución penal, y éstos se encuentran todavía en la dificultad de actuar a la luz de tres sistemas de ejecución penal diferentes, tanto el existente en el sistema de justicia penal mixto, como el surgido en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y el de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal.
La excesiva carga de trabajo de los jueces, la falta de capacitación especializada en materia de ejecución penal, la carencia de una infraestructura adecuada, el abuso de la prisión preventiva y el hecho de que los jueces desarrollen actividades administrativas y no propiamente del ámbito judicial son factores que obstaculizan la materialización de una etapa de ejecución penal acorde con los principios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y se pierde la oportunidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad.
La etapa de ejecución penal dista de cumplir con los parámetros de acceso a la justicia y con los principios rectores del sistema de justicia penal acusatorio.
Jueces con 3,899 casos, uno de los tantos factores que obstaculizan el acceso a la justicia de personas privadas de libertad en el Estado de México.
SL/GR



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