Mujeres

Puebla suma 5 solicitudes de AVG; en los primeros 40 días del año, 15 asesinatos violentos de mujeres

• Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento de la solicitud de AVG denunciaron que las autoridades han fallado

2018-02-20 01:01:58 Leído : 244 veces.
• Recomendaciones incumplidas

SemMéxico, Puebla, Pue., 19 febrero 2018.- Los feminicidios en este estado no han cesado de escribirse en el orden de uno cada 2.6 días. El fatal inventario ya es de 15 mujeres asesinadas violentamente en los primeros 40 días de este año. Puebla se ha convertido en la única entidad en la República mexicana que ha concentrado cinco solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) por diferentes organizaciones que sostienen que existe un contexto de violencia feminicida en el estado.

El 2017 cerró con las solicitud de declaratoria de AVGM para Puebla por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por las organizaciones Protección Popular Nacional A.C., Sumando por Guerrero, A.C., y de la Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C dirigidas a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIN)

Estas tres solicitudes fueron admitidas por la dependencia de la Secretaría de Gobernación que ya había recibido dos solicitudes de AVG en 2016, en ése año presentadas por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y por la organización Todos para Todos A.C, --- a la que pertenece la Red Plural de Mujeres por Puebla,--- organización que actualmente se encuentra en litigio tras el amparo que interpuso contra la resolución de la Secretaría de Gobernación y la CONAVIN que evade decretar la AVG por no encontrar elementos para tal medida.

El 2017 también cerró con 100 asesinatos violentos de mujeres, cifra que duplica el registro de 2015 y que deja atrás los 82 casos ocurridos en 2016. El Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) documentó el 27 de diciembre pasado el hallazgo del cuerpo de una joven de no más de 30 años de edad en la barranca una comunidad en Santo Tomás Chautla; en los informes inmediatos se apuntó que el cadáver tenía signos de una golpiza y de estrangulamiento.

Esta semana, organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento de la solicitud de Alerta de Violencia de Género para Puebla denunciaron que ante la tragedia que se vive en el estado las autoridades han fallado, no sólo en la omisión para su atención y prevención, también revelaron que el gobierno poblano y el federal así como la CONAVIN, ha mentido en cuanto al cumplimiento de las 11 Recomendaciones que se emitió el Grupo Especial tras la solicitud de AVG.

Informe mentiroso del gobierno estatal es avalado por la CONAVIN y Grupo de Trabajo

“La Mesa de Seguimiento de la solicitud de Alerta de Violencia de Género para Puebla” manifiesta su inconformidad con los resultados entregados por el Gobierno del Estado de Puebla en su informe para solventar las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVGM) para Puebla, así como con el dictamen de este último, que considera un grado de cumplimiento que no tiene evidencia”, fue el pronunciamiento de la Universidad Iberoamericana difundido esta semana.

El documento firmado por las organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento --- CADEM, A.C.; Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social A.C. (CAFIS); Comaletzin A.C.; El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C.; Mutradh, Mujeres Trabajando por los Derechos Humanos; el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. (Odesyr), el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla y las periodistas independientes Ana Karen de la Torre Panduro y Samantha Páez Guzmán--- sostiene como principal exigencia al gobierno federal: se evalúe de forma eficaz el cumplimiento y se evite la simulación.

En reunión con medios de comunicación, directoras de las organizaciones mostraron los resultados del análisis del “Informe para solventar las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVGM) para Puebla” que presentó el gobierno del Estado de Puebla.

Cada organización hizo público su análisis de cada una de las 11 Recomendaciones auxiliadas en la Ley de Transparencia y mostraron los resultados donde señalan que no hay evidencias de cumplimiento: 5 de ellas fueron incumplidas de manera total y 6 tendrían acatamiento parcial.

Las organizaciones denunciaron la “increíble opacidad” que envuelve los informes y el ejercicio de recursos que se destinaron a cubrir con las recomendaciones.

“Señalamos la falta de seriedad de parte de las autoridades estatales en la atención a las recomendaciones de la solicitud de la AVGM y la corresponsabilidad de la mayor parte del grupo de trabajo que dictaminó de manera favorable el cumplimiento de las 11 recomendaciones, al ser evidente el incumplimiento o cumplimiento parcial de algunas de ellas”, aduce el análisis de las organizaciones.

Denunciaron el solapamiento por el Grupo de Trabajo en el "Dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe emitido por el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Puebla"

Directora del IPM: "Definitivamente no estamos en una emergencia, creo que siempre habrá áreas de oportunidad"

Para las defensoras de los derechos humanos y activistas, las inconsistencias se evidencian con las subsecuentes ocho medidas específicas emitidas por parte del mismo Grupo de Trabajo y el voto razonado emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin embargo lo más grave señalaron, es el nulo impacto de las acciones implementadas por el Gobierno del Estado frente a la violencia sistemática que enfrentan las mujeres en Puebla, principalmente la violencia feminicida, la cual no se ha erradicado.

Señalaron las omisiones del gobierno del estado de Puebla en todos sus niveles y destacaron al Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) que, según el Artículo 42 de su decreto de creación, tiene obligaciones específicas que no han sido cumplidas, sus fallas quedaron evidenciadas en las 11 recomendaciones emitidas a raíz de la solicitud de la AVGM en Puebla.

Las activistas precisaron que el IPM formó parte del Grupo de Trabajo que dictaminó la solicitud de AVGM en Puebla y que repudiaron las declaraciones de su titular al diario Milenio el año pasado: "Definitivamente no estamos en una emergencia, creo que siempre habrá áreas de oportunidad".

Para las organizaciones, las declaraciones de la directora del IPM no sólo subestiman el incremento de violencia feminicida y constituye un mensaje de tolerancia estatal y minimización de la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, fomentando su repetición y agravamiento.

Natalí Hernández Arias, directora de CAFIS y Gabriela Cortés de El Taller aseguran que el crecimiento del inventario de la muerte por razón de género es en el estado poblano una tragedia negada y oculta, sostuvieron que los escombros parecen invisibles para las autoridades que muestran resistencias a dimensionar el fenómeno que tiene un crecimiento exponencial.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) presentó el Atlas de Género, el cual revela que Puebla, en el año 2011, fue el estado con mayor violencia física y sexual en México, con una incidencia del 9.92 por ciento en mujeres casadas o unidas a una pareja, mayores de 15 años de edad. A su vez, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 reporta que, en ese año, en Puebla, el 64.3 por ciento de mujeres mayores de 15 años sufrió al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida.

A ello agregaron el reporte del incremento de la violencia feminicida registrada a través de seguimiento hemerográfico del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. registró 50 casos de probables feminicidios en 2015, y 102 en 2017. A su vez, en el año 2015, el Observatorio de Violencia Social y de Género-Puebla, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la IBERO Puebla, reportó 104 casos en 2017.

Mariel Guzmán Cortés del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) informó que en enero de 2013 la organización registró 3 feminicidios, en el mismo periodo pero de 2017 se contabilizaron 7; y este primer mes del 2018 la estadística creció a 11, los primeros días de febrero sumarían a la lista 4 asesinatos violentos más.
Principales Recomendaciones incumplidas

De acuerdo con el Análisis de las once recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo para atender la solicitud de la AVG en Puebla que hizo la Mesa de Seguimiento conformado por media decena de organizaciones civiles, cuyo análisis se puede leer en el repositorio de la Universidad Iberoamericanahttp://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/3419/An%C3%A1lisis%20de%20las%20once%20recomendaciones%20AVG.pdf?sequence=1&isAllowed=y

El documento da cuenta de que el gobierno del estado incumplió totalmente en las Recomendaciones para 1)la elaboración del diagnóstico sobre los tipos y modalidades de violencia; 2) garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos, 3) la vinculación con instituciones de educación superior para la prevención y detección de casos de violencia, 4) fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, y 5) garantizar las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia.

I RECOMENDACIÓN Elaboración del diagnóstico sobre los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres

Aunque el gobierno del estado informó que gestionó los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por el concepto de estudios e investigaciones, por 2.6 millones de pesos pero no dio constancia de ello; argumentó una “segunda etapa” para su aplicación total.

La administración del Ejecutivo refirió que como resultado de la primera etapa de la elaboración del Diagnóstico, se cuenta con un estudio que buscó identificar los tipos y modalidades de violencia que con mayor frecuencia son atendidos y vividos por un grupo de mujeres, sin embargo, no remitió evidencia de éste, ni del perfil profesional de las personas que lo realizaron.

2 RECOMENDACIÓN “Garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos (CEDA), para que todas las instancias y dependencias de la administración pública estatal obligadas por ley, suministren información en tiempo y forma sobre la situación de violencia contra las mujeres en la entidad.

El gobierno estatal consideró como indicador cumplido el funcionamiento de un link que nunca estuvo actualizado, completo y mostró un desfase con datos nacionales registrados en el Banco Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), A la fecha no ha sido alimentado y no existen datos posteriores a 2016.

En el periodo que va de 27 octubre a diciembre de 2016 el BANAVIM reportó para el estado de Puebla 120 casos, mientras que el Banco estatal sólo registró 27, es decir, que el registro estatal en un mismo periodo se encuentra desfasado al no contemplar 93 casos.
A la fecha la poca información con la que se cuenta no está desagregada por municipio ni región que arroje datos diferenciados de los tipos de violencia por edad, municipio, escolaridad, ni información de los 26 agresores, días de mayor incidencia, mes, año y horario como lo plantea el indicador.

7 RECOMENDACIÓN “Que el gobierno del Estado de Puebla, implemente una estrategia de vinculación con instituciones de educación superior para la prevención y detección de casos de violencia contra las mujeres”

De los convenios firmados destaca la ausencia de universidades, se acreditó acuerdos con sindicatos y con Institutos Tecnológicas. No existió un protocolo para la prevención y detección de casos de violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior.

Las organizaciones destacaron también que los acuerdos firmados se explicitaron sólo buenas intenciones, no precisan acciones con fechas, instituciones responsables y lugares. Además, la recomendación comprendía también lapsos de rendición de cuentas de manera periódica para dar seguimiento a las acciones que se implementarían en los centros educativos firmantes, sin embargo, a la fecha no se tiene noticia de las estrategias implementadas, por lo que dicho punto fue incumplido.

9 RECOMENDACIÓN “Fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres, que incluya la distribución clara de competencias”

Según el análisis de la Mesa de Seguimiento, Los recursos que se autorizaron son inferiores a los que solicitaron las dependencias. Los fondos para la Fiscalía no se incluyeron porque No se realizaron las gestiones oportunas por parte de la Fiscalía General del Estado.

De los 38.4 millones de pesos la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) sólo aprobó 15.9 millones pesos. El gobierno poblano asignó sólo el 40.1% del presupuesto que solicitaron el Instituto Poblano de la Mujer (IPM), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Sistema DIF estatal y Fiscalía General de Justicia (FGJ) para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Si bien sí se otorgaron más recursos al IPM, SPPE y Fiscalía, al Sistema DIF estatal no se le concedieron los 10 millones que pidió para un proyecto de atención a adultas mayores víctimas de violencia.

El IPM destinó 1 millón 900 mil pesos, es decir el 83.2 por ciento de los recursos que se aprobaron para cuestiones que nada tienen que ver con la recomendación.

11 RECOMENDACIÓN “Garantizar el conocimiento y dominio del Protocolo de Órdenes de Protección por las autoridades responsables de su aplicación, comunicar al Protocolo a personal de dependencias OSC’S y víctimas, dar seguimiento y evaluar periódicamente las medidas y registrar las órdenes de protección citadas”.

El análisis evidenció que sólo dos de las diez áreas que se capacitaron en el tema tenían los conocimientos suficientes. Aunque el gobierno del estado sostuvo que se capacitaron a 537 funcionarios las listas de asistencia a estas capacitaciones estaban alteradas, había nombres repetidos, y bloques de asistencia con la que probaron otros cursos.

No se evaluaron los resultados de la capacitación, no se les informó a las OSC’S a municipios distantes de la capital ni a las víctimas o sus familias. No existe un modelo de análisis de riesgo adecuado y no existe evidencia de que se dé seguimiento a las medidas de protección. Además no se reportaron las órdenes de protección dictadas.

Recomendaciones parcialmente cumplidas

La 3 Recomendación “Implementar una política de comunicación social y campañas permanentes con perspectiva de género para visibilizar los tipos de violencia”

Aunque se destinaron 354 mil 993 pesos para la realización de un manual de comunicación con perspectiva de género y 3 campañas, el gobierno del estado sólo pudo acreditar una. En su informe reconoció que pese a estos esfuerzos no logró trasmitir el mensaje sobre la prevención y detención de la violencia hacia las mujeres. La Mesa de Seguimiento acreditó que no se visibilizaron los tipos y modalidades como lo establece la recomendación.

4 RECOMENDACIÓN Creación del Observatorio de Medios. Según la Mesa de Seguimiento, esta recomendación se creó siete meses después de lo solicitado por el Grupo de Trabajo, y sólo tuvo una duración de 4 meses un convenio con la CIRT para difundir mensajes contra la violencia de género. Se destinaron 1.2 millones de pesos para capacitar a medios de comunicación en perspectiva de género no resultaron efectivos.

5 RECOMENDACIÓN Realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia de derechos humanos y perspectiva de género a todo el personal de las instituciones encargadas de la atención, prevención, investigación y sanación de la violencia contra las mujeres.

A la fecha esta recomendación está en proceso de cumplimiento y el gobierno del estado no mostró evidencia de la aplicación del Programa Integral de Capacitación y Profesionalización en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género para prevenir la violencia contra las mujeres, tampoco hay pruebas de la evaluación de resultados que supuestamente fue realizada.

6 RECOMENDCIÓN Impulsar modificaciones legislativas urgentes.

Referente a las modificaciones legislativas falta aprobar el matrimonio igualitario, como sugirió el grupo de trabajo y tampoco se tipificó la violencia obstétrica.

8 RECOMENDACIÓN Modificar el Protocolo en materia de investigación de feminicidio y elaborar el Protocolo en materia de Trata de Personas

El seguimiento señala que a la fecha no se han publicado los documentos en el Periódico Oficial del Estado y aún hay tareas pendientes en la capacitación del Protocolo de Trata al personal que los aplica. La generación de documentos no garantiza la cero tolerancia del Estado a los delitos de feminicidio y Trata de Personas.

10 RECOMENDACIÓN Programa de capacitación continua de la NOM-046 para el personal médico, de enfermería. El seguimiento de este indicador muestra la inexistencia de elementos probatorios respecto a la pertinencia y continuidad de capacitaciones, evidencias presentadas por el gobierno del estado fueron calificadas por el grupo de análisis como “dudosas e incompletas” pues no se han transparentado las metodologías y contenidos de las capacitaciones dadas al sector salud. Una vez más, las listas de asistencia mostrada como evidencia repiten nombres y las fotografías adjuntas son borrosas y de mala calidad lo que dificulta la validación.

Hernández Arias comparó el presupuesto destinado de 18 millones de pesos para atender las observaciones para un problema que afecta al 52 por ciento de las mujeres en Puebla, con las obras como la “Estrella de Puebla” que tuvo un destino de 400 millones de pesos.

Sin embargo alertó por el probable desaprovechamiento de estos 18 millones de pesos dados los resultados presentados.

SEM/kc




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