Debate

Abogadas y defensoras feministas de México analizan el catálogo de delitos graves

Simpleza de diputados y diputadas desechar feminicidio y abuso sexual

2019-02-05 15:34:24 Leído : 16 veces.
Piden 3 acciones urgentes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres

SemMéxico. Cd. de México. 5 de febrero de 2019.- La Red de Abogadas y Defensoras Feministas de México urgieron al Estado Mexicano a tomar medidas necesarias para dar prioridad a la seguridad para las mujeres, minimizando el crecimiento de la violencia contra ellas y los menores de México y se revise el catálogo de delitos graves, como el feminicidio y el abuso sexual.

Son 31 abogadas y defensoras de diferentes estados de la República Mexicana quienes exigieron a legisladoras y legisladores que justifiquen las razones que impiden determinar cómo delitos graves, los que laceran a miles de mexicanas.

En un análisis concienzudo sobre esta situación, llamaron a la Cámara de Diputados a dejar de minimizar la violencia contra las mujeres y las niñas, argumentando que por “no ser lacerantes para el país y no ser cometidos por poderosos no merecen ser catalogados como delitos graves”.

Las abogadas analizaron tópicos sobre las contradicciones planteadas en acuerdos y propuestas internacionales que parecen plantear una contradicción entre el principio de presunción de inocencia, derechos humanos y la grave situación de la violencia contra las mujeres. Eso en sesión del 25 de enero cómo parte de los trabajos de la Escuela Virtual Feminista.

Consideran que es tiempo de garantizar a las mexicanas su derecho humano a una vida libre de violencia, por lo que es necesario crear un marco normativo nacional que privilegie los derechos humanos de la mitad de la población, su acceso, goce y disfrute, así como la justiciabilidad de los mismos.

Se pronunciaron por poner en marcha una estrategia nacional de prevención de todo tipo de violencias contra las mujeres, estrategia transversal a todos los niveles de la administración pública y articulada con los tres poderes de este país.

Y finalmente que se tomen las medidas necesarias para dar prioridad a la seguridad de las mujeres en México y “garantizar nuestro derecho humano a una vida libre de violencias”.

En el  documento de conclusiones, tras una profusa reflexión, también consideraron que es muy simple la justificación por parte de algunos integrantes de la Cámara de Diputados al referir que “los delitos de feminicidio y abuso sexual contra menores al no ser lacerantes para el país y no ser cometidos por poderosos no merecen ser catalogados como delitos graves”, lo que deja  ver que el Estado aún minimiza la violencia cometida hacia las mujeres y niñas; restándole compromiso a los acuerdos pactados en los sistemas internacionales de derechos humanos.

Tal omisión implica que se viole el derecho humano de acceso a la justicia, ya que al negar la tipología de gravedad a los delitos de feminicidio y violencia sexual contra mujeres y niñas colocan barreras que les impiden  su acceso  a la justicia y a una vida libre de violencia, además de omitir los acuerdos internacionales firmados por México.

El análisis sobre la reforma al Artículo 19 Constitucional,  prisión preventiva Oficiosa, en el marco  del  feminicidio y el abuso sexual a menores  ponen de manifiesto que  la reforma constitucional del artículo 19 constitucional versa sobre dos temas importantes de derechos humanos, el primero por cuanto ve al derecho que toda persona tiene a la presunción de inocencia (OEA) y en segundo el derecho de todas las mujeres al acceso a la justicia (CEDAW), ambos derechos reconocidos por los sistemas jurídicos universales y regionales.

Explican  cuál es el concepto jurídico de la prisión preventiva; medida que  definen  como una medida que afecta el derecho de libertad personal durante un lapso más o menos prolongado, la cual solo procederá cuando las medidas cautelares fueran insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento.

Entre otros documentos y resolutivos señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto de la prisión preventiva ha manifestado su preocupación en el uso no excepcional de dicha medida, especialmente porque en países latinoamericanos cómo México está medida genera problemas graves que tienen que ver con la falta por parte del Estado al no respetar las garantías de las personas privadas de la libertad, además de que es usada de forma general excesiva.

¿Qué ha hecho México al respecto para resolver este problema?

En un afán de dar cumplimiento con las Recomendaciones emitidas por organismos internacionales como lo es la CIDH, ha sido recurrente la práctica de abreviar procedimientos y eliminar algunas medidas preventivas con la justificación de abonar a los derechos humanos, ejemplo de ello es el sistema de justicia oral y la modificación del catálogo de delitos graves.

¿Cuál es el verdadero problema?

El problema radica en que el Estado pretende resolver y sancionar conductas reprochables bajo una figura cuya naturaleza jurídica es meramente procedimental.

Advierten de la simpleza del análisis en el Congreso, ya que al aumentar el catálogo de delitos graves no se garantiza que exista una adecuada prevención del delito o disminución de los mismos, sino que propicia que se extienda y se generalice arbitrariamente una medida cautelar que es contaría a derechos humanos.

Y encima, se sabe  que es ejecutada por algunos órganos jurisdiccionales violando el derecho de presunción de inocencia y se impongan penas anticipadas como la privación de la libertad.

 

Luego plantean  dos cuestiones:

* Primera. Si realmente los delitos contenidos en el catálogo de delitos graves, son graves y ameritan prisión preventiva.

* Segunda. Si los delitos contemplados para la reforma al artículo 19 Constitucional realmente son de naturaleza grave y si lo son, qué parámetros utilizaron para determinar que el feminicidio y la violencia sexual contra menores no merecen ser catalogados como graves.

¿Seguridad o derechos humanos?

Entran al fondo del asunto:  la reforma constitucional de 2011 y lo que significó en materia de derechos humanos provocó el control de convencionalidad y que se reconocieran como parte del marco normativo nacional, los tratados y convenciones firmados y ratificados por México en materia de Derechos Humanos; paso de gran importancia para las mujeres pues se hacen justiciables los derechos humanos contenidos en el marco normativo internacional de amplia protección a nuestros derechos como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", entre otras.

Evolución de la situación:

La propuesta exigiría que las y los fiscales soliciten y los jueces ordenen de forma automática la detención de todas aquellas personas que estén siendo investigadas. Hasta ahora el catálogo de delitos de la ampliación ha sido restringido.

Además se debe considera que la información presentada en el marco de la audiencia sobre la Situación de las derechos humanos de las personas privadas de libertad en México dejó ver que más del 40% de la población penitenciaria estaba constituido por presos/as  sin condena en 2012. Aproximadamente  diez mil; 95% hombres y 5% mujeres.

El debate entonces está centrado o debiera centrarse en análisis de fondo sobre la ampliación del Catálogo de Delitos con Prisión Preventiva Oficiosa. Se preguntan las abogadas: ¿Para qué?   ¿Por qué?; Si existe, y no parece cuestionarse: ¿Por qué para unos delitos sí y otros no?; ¿Dónde está la línea en la que se decide cuándo un derecho prevalece sobre otro?; ¿Qué bienes jurídicos considera el Estado dignos de protección?; ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando se incluyen o se rechazan?; ¿Cómo respondemos a cada una de esas preguntas con un enfoque feminista? ¿Por qué han desaparecido del debate el feminicidio y/o la violación?

 

Una propuesta de agenda pública

Como mujeres que no tienen garantizada la igualdad y libertad reales, que no tienen una vida, realmente, libre de violencia; que no tienen garantizadas sus necesidades de seguridad básicas ni sus derechos humanos interpelamos al Estado:

■ ¿Por qué se ha eliminado la vida de las mujeres de los delitos susceptibles de la mayor reprensión, o la mayor búsqueda de eficacia, o el mayor aseguramiento?

■ ¿Alguien se ha dignado a contar cuánto vale la vida de las mujeres muertas, desaparecidas, violadas, torturadas, abusadas, discriminadas?

■ ¿Alguien sabe cuánto cuesta al Estado mexicano perder a miles de sus ciudadanas cada año?

■ ¿Alguien puede explicar por qué las medidas no son ni tan urgentes ni tan necesarias?

Sobre esta pregunta las abogadas debatieron y reflexionaron en la sesión de la Escuela Virtual Feminista, donde participó la maestra Yaneth Tamayo Ávalos.

Feminicidio y violación.

México de cara a  Latinoamérica es el país donde el 70 % de las mujeres sufren violencia por razón de género (ENDIREH) y es claro que en  los últimos años  se  elevó la tasa de mortandad de mujeres a causa de feminicidios y se  incrementó el abuso sexual contra mujeres y niñas.

Por eso es una omisión el de la Cámara de Diputados y una simpleza de análisis, esa omisión implica que se viole el derecho humano de acceso a la justicia para las mujeres y proponen a los y las congresistas que revisen  de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su cumplimiento; el de Medidas Dirigidas a Reducir la Prisión Preventiva en las Américas, ya que los Estados parte están comprometidos a adoptar las medidas necesarias para erradicar, reducir o corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva a fin de garantizar que su aplicación se ajuste a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Por ello sugieren derogar toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito. Pero si  el 70 % de las mujeres mexicanas sufren violencia por razón de género no se justifica lo que dicen algunas y algunos diputados.

Por lo tanto las abogadas se manifiestan por:

1. Un marco normativo nacional que privilegie los derechos humanos, su acceso, goce y disfrute, así como la justiciabilidad de los mismos.

2. Por una estrategia nacional de prevención de todo tipo de violencias contra las mujeres, estrategia transversal a todos los niveles de la administración pública y articulada con los tres poderes de este país.

3. Por qué se tomen las medidas necesarias para priorizar la seguridad de las mujeres en México y garantizar nuestro derecho humano a una vida libre de violencias.

 

Aquí documento completo de conclusiones 


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